Escándalo de corrupción: Red de extorsión salpica a exministros de 7 gestiones

La banda de extorsionadores que presuntamente era liderada por Fernando Rivera Tardío y José Manuel Antezana Pinaya actuó en los últimos cinco años y medio a la sombra de al menos siete gestiones en los ministerios de la Presidencia y Gobierno, según investigación judicial conocida en La Paz y Santa Cruz.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió ayer que Fernando Rivera trabajaba hace cinco años como funcionario de la unidad de gestión jurídica del Ministerio de Gobierno.

"Era muy buen abogado y los heredé de cuatro gestiones (…) técnicamente era muy sólido. No había duda de su especialidad técnica", dijo.

"Es gente que corrompe en el ejercicio del poder, y ganan credibilidad para fines personales", sostuvo el ministro Carlos Romero a la periodista Amalia Pando, de  la red Erbol.

Corrupción y extorsión en BoliviaConvocar a exministros. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sugirió que la red de extorsión y corrupción de funcionarios del Gobierno de Evo Morales no solo habría cometido sus ilícitos con el empresario Jacob Ostreicher sino en otros casos.

La autoridad de Gobierno brindó una entrevista a la red ATB en la que describió que la banda conformada por funcionarios del Ministerio de Gobierno, de la Presidencia, Dirección de Registro y Control y Administración Bienes Incautados (Dircabi) y según Quintana incluso participaban jueces y fiscales.

Quintana reveló que cuando se desarrollaron esas acciones irregulares, Sacha Llorentty se desempeñaba como ministro de Gobierno y dijo que “si fuera necesario” se lo convocará con fines informativos.

Reacciones, audiencia y declaraciones .
Ayer el juez Fernando Orellana se presentó a declarar a la Fiscalía para defender su fallo de remate de 20 mil toneladas de arroz.

En La Paz el exfiscal de distrito, Isabelino Gómez, anunció que se presentará a declarar por el caso. Es acusado de haber presionado al juez Zenón Rodríguez para que revoque un fallo de libertad en favor de Ostreicher.

Los siete detenidos del caso, entre ellos los dos asesores legales,  Rivera y Manuel Antezana, serán presentados hoy a una audiencia cautelar ante el juez Juan José Subieta.

Los diez casos más sonados en la era Evo

1. Visas Chinas. En el 2006 se denunció la falsificación de esos documentos e implicó a los senadores del MAS, Santos Ramírez, José Bailaba y Guido Guardia.

2. 'Dolce vita de ministro'. Fotografiaron al ministro de aguas, Abel Mamani con su representante legal en Europa.

3. 33 camiones de contrabando. En el 2008 pasaron la frontera por Pando.

4. Santos Ramírez. Era jefe de YPFB y cae el 27 de enero de 2009, la muerte violenta del empresario Jorge O'Connor que destapó el mayor escándalo de corrupción en esa institución.

5. Aduana. Descubren sobresueldos, viajes, contratos irregulares, en el 2010.

6. Caso Lotex. Una ministra fue destituida por otorgar permiso a la lotería.

7. Extorsión a menonitas. En el 2010 cayó un viceministro de Gobierno.

8. Vías Bolivia. Vendieron boletas de peajes sin enumeración.

9. Planta de separación de líquidos. En junio de 2012, descubren irregularidades en la adjudicación. Gerson Rojas el exgerente cae detenido.

10. Caso Ostreicher. Hay corrupción y extorsión.


Cívicos: 'Que denuncien  a los jinetes de la corrupción'

El vicepresidente cívico de Santa Cruz, Luis Alberto Áñez, aplaudió ayer la decisión del ministro de Gobierno Carlos Romero,  que destituyó y mandó apresar al abogado Fernando Rivera, asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, quien participó de un acto de extorsión y chantaje a Jacob Ostreicher.

“Esta limpieza moral, que incluye haber destituido y apresado a otros abogados como Dennis Rodas también del Ministerio de Gobierno y Manuel Antezana del Ministerio de la Presidencia, son una señal de que se quiere - por fin-   librar al país del abuso, del chantaje y de la extorsión de estos altos funcionarios, quienes aprovechando su autoridad presionaron a jueces y fiscales con el único fin de llenar sus bolsillos de dinero”, dijo.

Áñez dijo que conoce  que más de una familia, las madres, esposas e hijos de los presos y perseguidos políticos del caso Rózsa, del caso Porvenir, del caso Chaparina, del caso Ostreicher y varios otros, han sido víctimas de estos malos abogados que abusando de su poder y su investidura, amedrentaron, chantajearon, extorsionaron y cobraron millonarias sumas de dinero a cambio de la manipulación, amenazas  y hostigamiento  a los jueces y fiscales que estaban en su mira.

Indicó que  personalmente recibirá las denuncias contra los "jinetes de la corrupción" que presionaron a jueces y fiscales por algún fallo.

Entrevista a Jacob Ostreicher: 'Se volvieron millonarios con mi arroz'

P. ¿Cuántas veces lleva intentando salir en libertad?

J.O.: Veintisiete veces y cada vez tenía que sufrir  la tortura de estar una hora enmanillado en el micro a una temperatura de 40 grados, pagarles a todos los policías para que me lleven a audiencia.

P. ¿Teme por su vida teniendo en cuenta que personeros de Gobierno han sido detenidos?

J.O.: Mis abogados me han dado la protección dentro y fuera de la clínica. Sé que para ellos (los aprehendidos) la mejor manera de resolver este dilema es que yo desaparezca.

P. Háblenos sobre la visita de  Sean Penn

J.O.: Fue maravilloso, no sabía que él venía, no lo dejaron entrar a la cárcel por seguridad pero me dejaron salir para verlo a él y me desboroné en sus brazos y cuando vi su cara no pude creerlo. A la persona que más tengo que agradecer es a Penn porque solo por su visita atrajo a los medios de prensa y empezaron a mirar el caso. Algo pasó y todo ha tenido 180 grados y esto gracias a la ayuda de Dios, pero Jean Penn fue el mensajero. A él no le importó que yo sea blanco, negro, católico o judío, es una persona increíble, obviamente que en mi país no es visto así por su relación que tiene con el presidente venezolano Hugo Chávez.
P. ¿Dónde cree que pueda estar el dinero de su arroz y ganado?

J.O.: Hay aproximadamente entre 10 a 15 personas que se volvieron multimillonarios por la venta de arroz valuado en 20 millones  de dólares. No olvidemos que hay  maquinaria que tengo valuada en 15 millones, más el valor de las tierras que son 40 millones lo que llega a sumar al menos 80 millones de dólares. Debo agradecer la perseverancia del abogado, mi abogado Jimmy Montaño, después que muchos abogados me han robado cientos de dólares.
P. ¿Cuándo se le manifestó el mal de Parkinson?

J.O.: No quisiera hablar de eso porque es una enfermedad incurable que viene de generación en generación. Me enfermé por estar solo tanto días, tantas noches y creo que nunca hubiera sobrevivido sino fuera por la ayuda de mi esposa Miriam. Ella era quien se quedaba durante cuatro meses, hacía fila diariamente en la cárcel de Palmasola, soportando temperaturas que bordean los 40 grados de calor solo para traerme la comida Kosher (especial de acuerdo a los ritos judíos). Hasta que un día nos enteramos que el Gobierno iba a meterla en la cárcel porque ofreció una entrevista a la cadena internacional de noticias CNN donde reveló detalles de mi caso y los abusos que se cometieron. Es por eso que mi Gobierno (EEUU) vio por conveniente sacarla aprovechando la fiesta judía de pascua porque su vida corría peligro y por eso es que ahora estoy solo.
P. ¿Confía en salir en libertad?

J.O.: Es importante tener fe y cuando uno tiene un problema grave, la única persona a la que puede recorrer es a Dios y  después a la familia. Creo que sin fe no hubiera sobrevivido en la cárcel, pues después de dos meses de estar preso ha visto salir muchos cuerpos. Para que alguien sea asesinado en la cárcel es fácil pues hay 4.500 prisioneros y yo soy el único americano. Creo que es un milagro de Dios de que esté vivo y ya son 571 días que he sobrevivido este calvario y quiero agradecer a toda la gente alrededor del mundo que reza por mí.

P. ¿Cree que su detención tiene que ver con su religión o por ser extranjero?

J.O.: No, es por mi dinero porque de mi religión no saben mucho pero cuando se enteraron que mi inversión supera los 30 millones de dólares en bienes, se interesaron en mi caso. Entonces vieron la oportunidad de sacar provecho porque en Bolivia es fácil estar frente a un juez con pruebas fabricadas. Por ejemplo, de mi socio que vive en Suiza dijeron que tenía antecedentes y estaba siendo buscado. En una Corte normal el juez les diría que les muestre pruebas pero acá a simple acusación y sin mostrar evidencia dijeron que soy narco.// El Día

Piden renuncia de Quintana y Romero por tema extorsión

La Bancada de Convergencia Nacional en Diputados, en conferencia de prensa, pidió ayer al Presidente Evo Morales alejar de su administración a los Ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y de Gobierno, Carlos Romero, para dar paso a una investigación transparente por el escándalo del ciudadano norteamericano, Jacob Ostreicher.

El parlamentario Alex Orozco Rosas, a tiempo de fustigar la corrupción imperante en algunos organismos de gobierno, a nombre de la brigada parlamentaria de oposición, pidió la renuncia de los Ministros Quintana y Romero, por cuanto funcionarios de elevado rango de dichos portafolios fueron aprehendidos por haber incurrido en hechos delincuenciales de extorsión por fabulosas sumas de dinero en dólares a varios ciudadanos, especialmente a Jacob Ostreicher, de quien se incautó sus bienes por una valor de más de $us.27.000.000 y le exigieron $us. 50.000 por haber logrado una Resolución Judicial de defensa en libertad, pero que al no haber entregado a las 24 horas siguientes esa suma, el Director Jurídico y los demás funcionarios de Gobierno involucrados, apelando al tráfico de influencias y a la investidura coercitiva del exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, lograron que se revierta la situación y se revoque por el entonces Juez cautelar en lo penal, Zenón Rodríguez, la resolución de Acción en Libertad".

"Lo que debe llamar a reflexión al Gobierno es que ese Juez que primero dictó libertad para Ostreicher, inmediatamente después lo revocó y luego apareció designado como Vocal del Tribunal Departamental de Santa Cruz".

Por estos antecedentes y las múltiples denuncias que vienen apareciendo contra los abogados Fernando Rivera Tardío, Dennis Rodas, Ramiro Ordóñez, José Manuel Antezana y otros funcionarios del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de la Presidencia, los parlamentarios de oposición consideran "que solo la inmediata renuncia de Quintana y Romero logrará que se haga una investigación imparcial por las ramificaciones que se evidencia, libre de tráfico de influencias por cuanto los aprehendidos, se desprende que no actuaron solos sino que obedecieron órdenes o tenían protección al extremo a tener nexos con algunos Magistrados y Jueces a nivel nacional, para captar recursos económicos a favor de sus intereses, amparándose en el ejercicio de funciones gubernamentales o de influencia en el partido gobernante, enfatizaron.

El Diputado Orozco Rosas (CN) afirmó que la detención en Pando del presunto narcotraficante Mauro Vásquez y ahora la detención de Fernando Rivera, alto funcionario del Ministerio de Gobierno, pusieron nerviosos a dos Ministros y se desató una batalla al interior del Movimiento al Socialismo (MAS).

En ese sentido, Orozco sostuvo que en este caso deben ser investigados todas aquellas autoridades que han sido nombradas en el supuesto caso de terrorismo ocurrido en Santa Cruz.

"Deben ser investigadas todas aquellas autoridades y funcionarios que están involucrados en casos de corrupción y extorsión del Ministerio de Gobierno y el exministro Sacha Llorenti debe ser convocado, no solo en el tema de terrorismo, sino también en las investigaciones de temas de narcotráfico porque no se olviden que Sacha Llorenti era el "jefe" del Gral. Sanabria.

El legislador señaló también que existen muchos casos de corrupción que han quedado pendientes por la mala administración de la justicia en nuestro país y pidió celeridad, transparencia y una investigación a todos los involucrados en este caso.

Proyecto de Ley de Extinción era una mascarada de Romero

El Jefe de la Brigada Parlamentaria de oposición en Santa Cruz, a tiempo de mostrar la fotografía de Carlos Romero, en tapa de un medio escrito, denunció que el proyecto de Ley de Extinción del Dominio de Bienes tenía por objeto ocultar la incautación de más de 27.000.000 de dólares que se efectuó al súbdito estadounidense Jacob Ostreicher, esos bienes utilizados en provecho de extorsionadores que tenían poder político en los Ministerios de Gobierno y de la Presidencia -dijo el parlamentario cruceño-, iban a ser los primeros bienes a rematarse, totalmente disminuidos en su cuantificación monetaria, para ocultar los manejos dolosos de los extorsionadores, un plan destinado a recaudar fondos con propósitos de articular una extensa red delincuencial bajo protección de alto nivel político, aseveró.

Magistrados y Jueces deben hacer conocer procedencia de bienes

Por otra parte, los Diputados Mauricio Muñoz, Andrés Ortega, Norma Piérola, manifestaron que la Contraloría debe hacer conocer en forma pública la declaración jurada de bienes de los servidores públicos judiciales para que haya control social. Los representantes nacionales señalaron "que ante denuncias que pesan contra funcionarios corruptos del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, que involucra a miembros del Ministerio Público y también a algunos operadores de justicia, se hace imperioso que los miembros del Órgano Judicial transparenten ante la opinión pública sobre sus bienes inmuebles, vehículos, cuentas corrientes, que poseen, monto de haberes que perciben, para lo cual la Contraloría debe hacer conocer la declaración jurada de bienes".

Un hecho a imitar -indicaron-, es la declaración pública que efectuaron los Fiscales de Departamento recientemente posesionados, varios de ellos por su declaración jurada tendrían bienes que no pasan de quince mil dólares (Bs. 104.550 al tipo de cambio 6.97 por dólar) y de dos Fiscales cada uno de $us 172.166.427 (Bs. 1.200.000) que mediante el control social se debe comprobar.

Denunciaron que "algunos miembros departamentales de justicia para mantenerse en el cargo efectuaron transfugio político, toda vez que su nombramiento data del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y que a la fecha en demasía cumplieron mandato, por lo que sus actos pueden ser tachados de nulidad".

Los Diputados Muñoz, Ortega, señalaron que otro caso que llama la atención es la denuncia contra algunos miembros del Tribunal Departamental de Justicia. Expresaron "para evitar versiones sobre determinadas peticiones económicas que se habría cobrado para favorecer designaciones, en las que el abogado Fernando Rivera Tardío y funcionarios del Ministerio de Gobierno habrían intervenido, a fin de precautelar por el prestigio de Magistrados y Jueces idóneos, es imperioso se sepa cuál es su actual posición económica".

Los Diputados Muñoz y Ortega, indicaron "que en su oportunidad se dará a conocer nombres de quienes son denunciados por hechos contrarios a la Ley cometidos en el desempeño de funciones efectuando tráfico de influencias. Se cuestiona a los neoliberales pero algunos Vocales y Jueces que pertenecían a registros del MNR, MIR, ahora son del MAS".

Afirmaron que si la Contraloría no hace público las declaraciones juradas, el Contralor será convocado a informe ante el pleno de la Cámara y en su caso será interpelado".// Jornada

El MAS analiza sanción contra el ministro Romero

El diputado Edwin Tupa (MAS) informó que la estructura del instrumento político analiza la sanción que se dará al ministro de Gobierno, Carlos Romero, por la actitud que tuvo en el impasse con la presidenta de Diputados, Rebeca Delgado.

Consultado si corresponde un proceso interno contra Romero por sus declaraciones acerca de la legisladora, Tupa dijo: “Hemos repudiado esa actitud (...) es un tema interno del Movimiento Al Socialismo, seguro las estructuras  de nuestro partido van a definir cuál va a ser la acción que se va a tomar o la sanción que se va a dar”. El debate entre Romero y Delgado surgió por el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes, acerca de la constitucionalidad o no de algunos de sus artículos.

Luego de haber intercambiado alusiones al respecto durante al menos dos semanas, el máximo tono de la polémica ocurrió el sábado 24, cuando el ministro dijo: “No voy a rebajarme a debatir con una persona a la que considero que está muy lejos de mi trayectoria política y académica”. Delgado había dicho que ella había sido electa por voto, no “a dedo”.

El martes 27, Delgado, escueta dijo que el impasse ya fue resuelto, luego de que Romero le había enviado una carta en la que “lamenta” si su defensa del proyecto de Ley de Extinción causó molestias.

Pese a la paz alcanzada, el diputado Tupa dejó entrever que el hecho aún es considerado en el MAS: “Nuestras organizaciones son duras y radicales en este aspecto, podían haberlo sentado ya en la silla de acusados a nuestro querido ministro y reflexionarlo; puede ser, pero eso tendrá que hacer la estructura del MAS y las organizaciones matrices”.

Antes de solucionarse el conflicto, la presidenta de la Cámara de Diputados, en Sucre, había desafiado a Romero a un debate público, con la presencia de medios de comunicación, para tratar los detalles del proyecto de ley. Asimismo, calificó de “discriminatorias, patriarcales y colonizantes” las declaraciones realizadas por el Ministro de Gobierno.

Romero no descarta que la red haya extorsionado en otros casos

El Ejecutivo no descarta que la red de corrupción y extorsión desarticulada en dos ministerios haya contaminado a otros procesos penales en los que Fernando Rivera, detenido el martes, cumplía la función de asesor legal del Ministerio de Gobierno.

El titular de esta cartera de Estado, Carlos Romero, se trasladó ayer a la capital oriental donde se investiga a la red de corrupción y extorsión que estaba incrustada en los ministerios de Gobierno y de la Presidencia. Esta banda fue descubierta esta semana, durante la investigación abierta al estadounidense Jacob Ostreicher, acusado de legitimación de ganancias ilícitas, ya que habría vendido los bienes confiscados al extranjero y le habría extorsionado para que obtenga libertad condicional.

Romero se comprometió a hacer un seguimiento a todos los casos en los que Rivera —uno de los ocho detenidos de la red— fungía como representante gubernamental, pero evitó profundizar en los mismos por tareas de investigación.

Al referirse al caso Terrorismo que se trata en Tarija, uno de los que Rivera atendía, indicó que con otros abogados seguirá el juicio. “Si en este caso u otro proceso hay algún hecho de extorsión, amenazas o presiones ejercidas desde la red desbaratada, estamos prestos para coadyuvar en el esclarecimiento de los mismos”, agregó.

Según la autoridad, ahora no se puede precisar la cantidad de personas involucradas en esta red de corrupción. “Habrá que establecer en el curso de las indagaciones si hay la participación de gente vinculada al Órgano Judicial, Ministerio Público o aparecen más funcionarios del Ministerio de Gobierno”, declaró.

Pérdidas. Las pérdidas económicas por el curso que tuvieron los bienes incautados a Ostreicher llegan a $us 44 millones, entre los que están incluidos alrededor de $us 27 millones que trajo de inversión y las utilidades, según uno de los abogados defensores del extranjero, Jerjes Justiniano (hijo).

Tras la desarticulación de la red de corrupción y extorsión, la defensa de Ostreicher adelanta que la primera fase de su trabajo será sacarlo del penal de Palmasola y demostrar la inocencia de los cargos que pesan en su contra.

La segunda etapa del proceso, añadió Justiniano, estará enfocada a recuperar los bienes que les fueron decomisados al extranjero, entre 20 toneladas de arroz, maquinaria agrícola y ganado. Habla también de una demanda penal contra personeros de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) para la reposición de los activos. El exjuez Fernando Orellana admitió que autorizó la venta de los bienes “perecibles” a la Dircabi, pero no se responsabilizó del proceso de comercialización.

Tras los últimos acontecimientos y 18 meses de detención preventiva en Palmasola, Ostreicher dijo sentirse “un poco más tranquilo”, reportó la agencia ABI. Tras la desarticulación de la red de extorsión, la defensa espera que la situación jurídica de Ostreicher pueda mejorar porque ya no habrá presiones de la banda a los administradores de justicia, lo que permitirá recuperar su libertad en la próxima audiencia de medidas cautelares que aún no tiene fecha.

El juicio y cómo se lo indagó

Inicio

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que la visita de José Antezana Pinaya, entonces exfuncionario del Ministerio de la Presidencia, a Jacob Ostreicher permitió avanzar con la investigación para desarticular la red de corrupción y extorsión de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia.

Despido

Romero indicó que otra acción para descubrir a la banda fue el alejamiento del Ministerio de Gobierno del exasesor jurídico Dennis Rodas, como una estrategia para hacer el seguimiento de los otros miembros de la red.

Sean Penn

Ostreicher declaró a la Red Uno que tras la visita del actor Sean Penn, a inicios de noviembre, los periodistas hicieron seguimiento a su caso. El Ministro de Gobierno dijo que abordó este caso con Penn, según un reporte de ANF.

El juez Zubieta convoca a audiencia cautelar

El juez 6° de Instrucción en lo Penal, Juan José Zubieta, convocó para hoy a la audiencia de medidas cautelares para los detenidos en el caso de la red de corrupción y extorsión ligada al proceso en contra de Jacob Ostreicher. “Como es mi obligación, y dentro de las 24 horas que señala el artículo 226 del procedimiento penal, se ha señalado audiencia para mañana (jueves) a las 10.00. Son cinco las personas imputadas, de las que cuatro están pidiendo detención preventiva y de una medidas sustitutivas”, declaró el juez a la Red ATB en Santa Cruz.

La autoridad indicó que la solicitud de audiencia la recibió a partir del mediodía y por eso fijó el desarrollo de la misma para mañana. El martes, la jueza 5ª de Instrucción en lo Penal, Ximena Flores, se excusó de este caso.

El exfiscal Gómez dice que irá a declarar

El exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, fue citado para hoy por sus excolegas cruceños que investigan a la presunta red de corrupción y extorsión de funcionarios públicos de los ministerios de Gobierno y la Presidencia, conjuntamente a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi). 

La exautoridad aseguró que se presentará a declarar en la ciudad de Santa Cruz, donde, dijo, demostrará que no cometió ningún tipo de irregularidad. Versiones dan cuenta de que Gómez habría presionado y realizado una supuesta amenaza al juez Zenón Rodríguez para que deje sin efecto la cesación de detención del estadounidense Jacob Ostreicher.

Asistencia. “Ahí voy a prestar mi declaración informativa, en calidad de testigo, ya se me ha comunicado por vía telefónica y ahí voy a aclarar los hechos. Voy a prestar la declaración y seguramente iremos a contrastar los hechos con realidad, lo que corresponde es presentarse como cualquier ciudadano”, precisó Gómez.  El fiscal anticorrupción Ángel Álvarez confirmó que además será citado el abogado Abraham Quiroga (que asistió al exministro Sacha Llorenti) y el exjuez Fernando Orellana.

Difunden dos denuncias ligadas a red de extorsión

El Ministerio de Gobierno reiteró que dará garantías plenas y protección especial a quienes tengan denuncias contra las personas vinculadas con las redes de extorsión y corrupción detectadas, toda vez que se tomó conocimiento de la existencia de al menos otros dos casos.

“Si hay otras denuncias, no solamente sobre el caso Ostreicher, sino sobre otros procesos, les vamos a dar garantías como Gobierno nacional (...) y si necesitan alguna protección especial, se las vamos a dar”, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una conferencia de prensa.

La autoridad abrió esa posibilidad ante el supuesto vínculo con las irregularidades denunciadas en el proceso de regularización de las colonias menonitas, por ejemplo. Adujo que si hay elementos que merecen la pena investigarse, se lo hará para su esclarecimiento.

Según denuncias que llegaron a Romero y al viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, la red de extorsionadores habría “sonsacado” a una mujer la suma de $us 130 mil por un proceso penal.

También se supo que la maquinaria que se habría secuestrado a Ostreicher se entregó en calidad de depositarias a otras personas. “He recibido la llamada de una persona  que pide que se investigue este tema”, dijo Pérez a PAT. Al parecer, los depositarios dispusieron de esos bienes y cobran un alquiler, de acuerdo con la queja. El viceministro aclaró que esta situación no fue confirmada, pero luego adelantó que se hará la indagación de manera responsable.

Incluso Ignacio Villa Vargas, alias El Viejo, denunció que este grupo trató de extorsionarlo para agilizar su proceso penal. “Este hecho se tiene que investigar, aquí este gobierno es de transparencia, en el que si hay personas implicadas en corrupción, las investigamos”, declaró Pérez a la red Unitel. Por otra parte, Romero descartó que estas redes involucren a mandos altos del Gobierno y dijo que si tuviera que sospechar de alguien más, dirigiría su mirada a otros funcionarios de Dircabi.

“Podría sospechar de toda la estructura que se manejaba en Dircabi, porque hay unos prófugos (...) todo Dircabi de Montero, Santa Cruz”, manifestó Romero.// La Razón

Acusados de extorsión trabajaron con cuatro ministros en un ambiente de omnipotencia

Imponían sus decisiones, hacían callar a jueces y abogados e intimidaban a los acusados. Fernando Rivera y José Antezana parecían actuar con carta blanca y nadie se explica por qué se tomaron tantas atribuciones.

“El juez Orellana que me metió en la cárcel cometió un crimen al someterme a tal situación. Dijo que soy un hombre culpable hasta que pruebe mi inocencia, rompió todas las leyes. Qué tipo de juez es éste que obedece a otros que le dicen qué debía hacer. Esto es inconcebible”, se quejó el estadounidense Jacob Ostreicher desde la clínica donde recibe atención médica y sale del estado de depresión en el que estaba sumido.

El viceministro Jorge Pérez, invitado al programa de la Red Uno no pudo explicar por qué tenían carta blanca los abogados que intimidaron a jueces, fiscales y abogados, tan sólo se limitó a señalar que el proceso debe continuar, pero no supo explicar las razones de la retardación de justicia y que confina a Ostreicher por 18 meses en la cárcel de Palmasola.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio a conocer que los dos abogados principales acusados de extorsión y corrupción Fernando Rivera y Dennis Rodas, trabajaron en las gestiones de tres de sus antecesores y en el actual directorio a su mando.

De acuerdo con la autoridad los supuestos principales cabecillas de la red de corrupción y extorsión cumplieron funciones cuando Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez, eran ministros de Gobierno al igual que su gestión.

Romero, al referirse a Rivera, recordó que en algunas ocasiones se reunió con él, porque era asesor jurídico de la instancia gubernamental, pero no así con Rodas, a quien dijo no conocer hasta el momento.

Con relación a una posible convocatoria de Sacha Llorenti, quién en el momento desempeña funciones como embajador del país en las Naciones Unidas, Romero descartó esta posibilidad, a pesar de que la autoridad en mención trabajó con los principales acusados cuando cumplía las funciones de Ministro de Gobierno, aunque algunos dirigentes del MAS opinan que es conveniente que rinda cuentas.

La autoridad explicó que al jurista Rivera, lo conoce, porque pertenecía a una unidad jurídica del staf que trabajaba directamente con su persona, especialmente en los trámites de procesos jurídicos concernientes a esta instancia.

En el caso de la supuesta visita de Fernando Rivera al norteamericano Jabob Ostreicher, aclaró que no era él quién fue a la clínica Incor, donde se encontraba la principal víctima de la extorsión.

Romero dijo que alguna persona fue a visitar a Ostreicher, para tocarle el tema de un indulto presidencial y otros temas, y al enterarse sobre el mismo los abogados del norteamericano, señalaron que esto no podía ser, porque jurídicamente no es posible, debido a que su cliente es un detenido preventivo y no tiene sentencia.

El ministro Romero señaló que la persona que entró a hablar con el estadounidense era José Antezana, quien era funcionario del Ministerio de la Presidencia, que inclusive en la filmación de la clínica, en un tercer intento, recién logró conversar con el interno Ostreicher.

Romero recalcó que ese alguien que fue a visitar al ciudadano estadounidense en la Clínica era el funcionario del Ministerio de la Presidencia (José Antezana). No supo explicar con claridad el vínculo de Antezana (quién era director General de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia) con los dos abogados o el resto de los involucrados en esta red de “corrupción y extorsión”.

Por otra parte, la autoridad dijo que no presentará su renuncia al cargo, después de que se descubrió que dos de sus estrechos colaboradores estaban involucrados en una red de corrupción.

“El tema es que el que hace la denuncia, el que hace las investigaciones, es el Ministerio de Gobierno, por instrucciones de Carlos Romero, quien tendría que denunciar si hubiera habido indicios y no hubiera hecho nada, porque ahí hubiera sido negligente, alguien que no cumple sus deberes, pero en este caso no”, enfatizó.

Caso denota manejo y manipulación de la justicia boliviana

El caso de Jacob Ostreicher es particular, pues no sólo forma parte de una red de extorsión que fue identificada por el Ministerio de Gobierno sino que es la muestra del manejo irregular de la justicia en el país, según el analista Iván Arias.

El entrevistado recordó que Ostreicher no es un “reo” común y su caso tampoco, pues el norteamericano está detenido desde el 3 de junio de 2011 sin avance procesal, por lo que la justicia boliviana demuestra su forma de proceder dilatando el proceso, respondiendo a la extorsión de los abogados del Ejecutivo y cayendo en la retardación de justicia con su respectiva vulneración de derechos humanos.

Arias también destacó la labor que cumplió Sean Penn a su llegada al país, porque el Gobierno pensó en ganar popularidad con su figura como actor ganador del Oscar, pero ocurrió lo contrario.

“Sean Penn tuvo un rol catalizador, porque logró que el caso de Ostreicher sea reconocido en el país, porque en su país es un personaje que genera movimiento”, dijo.

El analista agregó que además de Ostreicher, la justicia boliviana cuenta con otros ejemplos de “manipulación” y retardación como sucede con Leopoldo Fernández, los ciudadanos húngaros detenidos por el caso de supuesto terrorismo e incluso el senador Roger Pinto que tuvo que acudir a la Embajada de Brasil, hace exactamente seis meses, para “escapar” de la persecución política.

Caso Ostreicher despierta adhesión en redes sociales e indignación en el país

La expresión del ministro de Gobierno en Santa Cruz: “Nos llama la dilación del proceso a Ostreicher” sintetiza el clima de sorpresa e indignación en diversos círculos, que piden el esclarecimiento de un caso que muestra el abuso de quienes abusan del cargo que ostentan y la dependencia del poder judicial a los que detentan poder.

En tanto, el escándalo por el descubrimiento de una red de extorsión dentro del gobierno de Evo Morales ha repercutido en las redes sociales, no como una cotidiana polémica entre cibernautas sino como una causa humanitaria que busca la liberación de Jacob Ostreicher.

En Estados Unidos, 500 miembros de la comunidad judía norteamericana se manifestaron durante meses en favor de su compatriota, detenido desde junio de 2011 en el penal de Palmasola de Santa Cruz con la recolección de firmas para pedir su liberación.

En el país continúan las investigaciones, son siete los detenidos. Hoy declarará el ex fiscal Isabelino Gómez que tiene mucho que contar y también declararán los abogados acusados de extorsión y apropiación de bienes ajenos.

Caso Ostreicher repercute en EEUU y ahora fluye por las redes sociales

El escándalo por el descubrimiento de una red de extorsión dentro del gobierno de Evo Morales ha repercutido en las redes sociales, no como una cotidiana polémica entre cibernautas sino como una causa humanitaria que busca la liberación de Jacob Ostreicher.

La cuenta Facebook “Free Jacob Ostreicher” (liberen a Jacob Ostreicher) ha retransmitido la información generada en Bolivia y se convierte en un argumento para que, tanto familiares como abogados del norteamericano, expresen su malestar por considerar que la detención del sindicado es ilegal y responde a un hecho de extorsión que vulnera sus derechos humanos.

La comunidad judía, en un número de 500 miembros, se manifestó durante meses en favor de su compatriota, detenido desde junio de 2011 en el penal de Palmasola de Santa Cruz con la recolección de firmas para pedir su liberación. Sus familiares portaron conmovedores carteles frente a los juzgados y Congreso norteamericano exigiendo tomar medidas para la liberación de Ostreichner, acusado inicialmente por las autoridades bolivianas de tener relaciones con el narcotráfico.

El norteamericano fue detenido y se incautó 20 mil toneladas de arroz, maquinaria y ganado que fueron producto de su inversión generada desde 2008, cuando Ostreicher llegó al país.

La revista estadounidense Ami Magazine, luego de conseguir una nota con el norteamericano en abril, dentro del penal de Palmasola, tituló: “En una brutal prisión boliviana, con el encarcelado yanqui Jacob”. Fotos subidas a la red muestran las precarias condiciones del penal cruceño y también grafican la imponente cantidad de arroz acopiado en los predios de Ostreicher que fueron la punta de lanza para destapar el escándalo que salpicó a altos abogados, miembros del gabinete central.

El senador demócrata Robert Menendez remitió el 30 de mayo una carta al presidente Evo Morales, donde expresa su preocupación por la detención de su compatriota sin que existan cargos formales en su contra.

“Como miembro del subcomité de Relaciones Exteriores para el hemisferio -cita Menendez- demando todos los recursos legales bajo las leyes de Bolivia que puedan proveer al señor Ostreicher acordar inmediatamente la oportunidad para presentar su defensa y refutar los cargos como cualquier otro sujeto dentro los procedimientos legales de su país”.

Incluso enlaces de las grandes cadenas noticiosas han sido incluidos en este espacio de activismo virtual, donde Bolivia figura como un país sin seguridad jurídica.

Fox News titula “6 Bolivian officials arrested for allegedly extorting jailed American’s”. ABC News, por su lado cita: “7 Bolivian Officials Arrested, Accused of Extorting Jailed American Man”.

Los comentarios aún son pocos, pero coinciden en cuestionar “al sistema corrupto” y la petición de libertad para un hombre convertido hoy en la imagen del manejo arbitrario de la justicia.

“Espero que la justicia prevalezca y Jacob sea liberado pronto”, “Este es el sistema corrupto, ellos (bolivianos) usan la ley como ventaja política y el sr. Ostreicher fue la carnada para esos tiburones, lo culpan de algo, lo ponen en la cárcel y toman todo su dinero”, citan la comunidad virtual norteamericana.

Con estos antecedentes y la movilización generada en EEUU, queda abierto el debate sobre la función que tuvo el actor Sean Penn cuando llegó al país y se entrevistó con el propio Ostreicher en la clínica Incor. Penn fue recibido por el presidente Evo Morales el 30 de octubre e incluso se le designó como “embajador de buena voluntad para la causa marítima, el acullicu y la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada”.

El episodio apenas comienza y las repercusiones para la relación entre Bolivia y EEUU se verán conforme avance el proceso en el caso de extorsión.

Sugieren investigación independiente para cuidar la imagen del Gobierno

El exvicepresidente de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, sugirió a las autoridades del Gobierno realizar una investigación independiente por el caso del estadounidense Jacob Ostreicher, donde se detectó a funcionarios del Estado en una red de extorsionadores. Dijo que este sería el primer paso para cuidar la imagen del ejecutivo y del presidente Evo Morales.

Para Cárdenas es un conflicto que desató un “escándalo tremendo” para el Órgano Ejecutivo, al tener seis funcionarios que trabajaban para el Estado y ahora están detenidos por casos de corrupción, cuando cumplían sus funciones en el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de la Presidencia.

“Si quieren cuidar su imagen, el primer paso que debe asumir el Gobierno es crear las condiciones de una investigación imparcial, yo creo que en primer lugar debería conformar un equipo de fiscales o asignar un fiscal independiente y no un militante del partido del Gobierno, para que investigue este asunto. De no ser así, los afectados serán el Órgano Ejecutivo y el propio presidente Evo Morales”, remarcó.

La investigación del accionar de la banda de extorsionadores estuvo a cargo del Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) y se inició hace tres meses por denuncias que recibió el ministro de Gobierno, Carlos Romero, respecto a la situación jurídica del ciudadano estadounidense de origen judío, Jacob Ostreicher, quien está detenido hace 18 meses en Santa Cruz, acusado por legitimación de ganancias y presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado.

A juicio de Cárdenas, el caso proviene desde el inicio de gestión del Gobierno actual; donde la red fue creciendo de a poco sin que las autoridades gubernamentales tengan conocimiento de ello, “no es una red reciente, entonces los involucrados seguramente son muchos todavía, habrá que esperar en las investigaciones”, aseveró.

Otra de las sugerencias que emitió el ex vicepresidente fue que los ministros de cada área del Estado deben apartarse para favorecer a la investigación que se desarrolle y esclarezca los posibles hechos de corrupción.

“En segundo lugar yo creo que las cabezas de los ministerios deberían hacerse a un lado para permitir una investigación imparcial, porque es poco creíble que todo esto se haya hecho sin conocimiento de los altos niveles de dichos ministerios. Entonces, se debería las acciones pertinentes de inmediato”, acotó.

A su turno, la analista Jimena Costa señaló que el caso trasciende el aspecto político. “No se trata de crear un ministerio y, por el otro lado, se manipulen políticas para las autoridades judiciales. Lo que esta pasando en el Ministerio de Gobierno tiene que ver con la debilidad del Estado y lo primero que debería haber es una paralización en las funciones de cada cartera para que las autoridades puedan tener control”, señaló.

En ese sentido, Costa también apuntó que “la forma de empezar de resolver los problemas seria dándole independencia a las decisiones que toman los ministros en cada Cartera, quienes solamente coordinan, pero otorgando independencia plena a los poderes del Estado”.// El Diario

 

Red de extorsionadores operó en al menos otros cinco casos

Además de extorsionar al estadounidense Jacob Ostreicher, los dos ex asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno y miembros de la red de corrupción desarticulada estuvieron involucrados en otros cuatro casos.

Fuentes de la Fiscalía de La Paz dijeron a Página Siete que el grupo está relacionado con los casos del atracador David Olorio, Terrorismo II y del ex subteniente René Navía, detenido por narcotráfico. Éstos, junto con el de Ostreicher, cobraron notoriedad pública.

La red también está vinculada con la extorsión a un ex fiscal detenido en el penal de San Pedro.

Las fuentes informaron que los ahora ex asesores legales del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi, detenidos el martes, extorsionaron miles de bolivianos a policías investigados por la muerte de David Olorio, sospechoso del atraco a las oficinas de Vías Bolivia en el peaje de El Alto, ocurrido en julio de 2010.

“Para que la investigación contra estos policías se minimice, estas personas les pidieron dinero y como se ve este caso sigue sin aclararse hasta hoy”, dijo uno de los investigadores de la red.

La Fiscalía conoce que al menos tres de los siete sindicados en el crimen de Olorio, que se encuentran con detención domiciliaria o preventiva, dieron dinero para que el caso “desaparezca”.

Entre el lunes y el martes, la Policía detuvo a siete personas vinculadas con la red incrustada en dos ministerios -de la Presidencia y de Gobierno- y en la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

Los aprehendidos y otras personas buscadas están implicados en la venta de toneladas de arroz incautadas a Jacob Ostreicher, quien está detenido acusado de ganancias ilícitas vinculadas al narcotráfico. Además, el grupo se habría adueñado de las propiedades del norteamericano y le pidió 50.000 dólares para dejarlo en libertad.

El abogado Jerjes Justiniano dijo ayer a ERBOL que Ostreicher perdió más de 14 millones de dólares a raíz de acciones de la red.

Otra fuente de la Fiscalía aseveró que otro caso es el de Terrorismo II, que indaga a los financiadores del grupo presuntamente terrorista de Eduardo Rozsa. “Lograron sacar millones para que algunos ganaderos no sean investigados y que se desvíe la pesquisa hacia otras personas”.

Explicó que en la mayoría de los casos, las parejas sentimentales de los abogados Rivera y Rodas tomaban contacto directo con las víctimas para solicitarles el dinero y que los juristas aparecían el momento de intentar cobrar.

En el caso de Navía se indicó que Rivera y Rodas pidieron 40.000 dólares a los familiares del ex policía, detenido por narcotráfico, con el fin de trasladarlo del penal de Chonchocoro a Palmasola.

El ex fiscal de materia Erland Eid se comunicó con Página Siete para denunciar que también fue extorsionado por la agrupación. Contó que fue detenido en julio de 2011 acusado de estafa de 3.000 bolivianos. “Era un caso común, de un ciudadano corriente, pero en mi aprehensión y en la audiencia se aparecieron Denis Rodas y Boris Villegas (ex director de Régimen Interior) y manejaron todo para que yo vaya a la cárcel”, contó el ex fiscal detenido en San Pedro.

Agregó que 20 días después de ser recluido recibió la visita de un funcionario que dijo ser del Ministerio de Gobierno, quien le pidió 8.000 dólares a cambio de su libertad. “Me negué porque me dio miedo”, denunció.

El ex fiscal cuestionó por qué los ahora ex asesores participaron en su detención y audiencia.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró ayer que habrá todas las garantías de protección para quienes denuncien a este grupo. Entretanto, hoy será la audiencia para dos de los aprehendidos, José Manuel Antezana y Gustavo Céspedes.

ANF informó que familiares de Franz Gonzales, alias Vinchita, asesinado este año en Chonchocoro, denunciaron que los extorsionadores solicitaron 15.000 dólares para trasladarlo a la cárcel de Santa Cruz. Este caso no fue informado por las fuentes a las que accedio a Página Siete .

La noche del martes, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo a la red ATB que consideraba que esta red estaría involucrada en otros casos.// Página Siete

Sospechan que se apropiaron de $us 20 MM

Los bienes incautados de Ostreicher eran comercializados por funcionarios de Dircabi Santa Cruz.

De al menos de 20 millones de dólares se apropió la red de presuntos extorsionadores que estaba integrada por funcionarios de los ministerios de Gobierno y Presidencia por la venta de los bienes incautados al estadounidense Jacob Ostreicher, informó  ayer el titular de Gobierno, Carlos Romero.
Ostreicher fue aprehendido en junio de 2011 en Santa Cruz e imputado de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y lavado de dinero.
Romero explicó que el estadounidense llegó al país con 27 millones de dólares que estaban destinados a la adquisición de 20 toneladas de arroz, ganado  mejorado, tierras y maquinaria.
El Ministro afirmó que sólo por la venta de arroz, 18 toneladas incautadas, los sindicados lograron recaudar al menos 10 millones de dólares que fueron depositadas en diversas cuentas entre ellas una a nombre de José Manuel A. P., exfuncionario del Ministerio de la Presidencia.
DESDE DICIEMBRE. De acuerdo con las investigaciones, desde diciembre del pasado año se monetizaron los bienes incautados a Ostreicher en supuesta complicidad de tres funcionarios de la Dirección de Registro, Control  y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Hugo Franklin P. S., Eduar S. B. y Ramiro O. P. “No están claras las cifras, pero se desconoce el destino de al menos 20 millones de dólares”.
LOS IMPLICADOS. En conferencia de prensa, Romero explicó que la red no está desbaratada por completo y que hay más involucrados, en las direcciones de bienes incautados de Montero y Santa Cruz.
“Hay más gente involucrada, pero yo sospecho de toda la estructura que se manejaba en Dircabi, porque hay tres personas prófugas y un exdirector, que goza de las medidas sustitutivas”.
Afirmó también que la red tiene nexos con narcotraficantes a quienes extorsionaban, sobre todo en Santa Cruz, a donde el Director Jurídico se dirigía en forma constante.
Además, existe la declaración, no conocida oficialmente, en la que Claudia Liliana R. E., de nacionalidad colombiana, actualmente recluida en el penal femenino de Palmasola, involucra a los funcionarios de Gobierno con la venta ficticia de los terrenos de John Wilson Díaz Véliz, supuesto agente del cártel del Valle, a Ostreicher y a otras personas.

17 personas sindicas son investigadas por el Ministerio de Gobierno, que montó otra unidad de inteligencia policial.

Dos investigaciones en curso mantiene el ministerio de Gobierno sobre denuncias recibidas, en las últimas 48 horas, en el despacho que dirige Romero.
La autoridad indicó que una es la denuncia de acción de este presunto grupo delictivo a una colonia menonita en Santa Cruz y que también tiene detenidos en el penal de Palmasola.
Al referirse al segundo caso, indicó que es una denuncia de la ciudad de La Paz y que por los indicios entregados, hay evidencias de participación de este grupo delictivo.
Consorcio. Asimismo, el Ministro de Gobierno indicó que en una primera evaluación de las acciones se determinó que el grupo de servidores públicos también mantenían relación con grupos de abogados, personal a todo nivel del Ministerio Público en Santa Cruz y La Paz, como también en la Policía. Dijo que hoy se conocerá una nueva nómina de sospechosos.

“Con la salida de D.R. del ministerio de gobierno  en la primera semana de noviembre, comenzó la etapa operativa de esta plan para descubrir como actuaba el grupo”, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Dijo que la salida del funcionario hizo que los otros involucrados acelerarán alguna acciones, como el cobro de una nueva suma a Ostreicher, que estaba hospitalizado.

“Me prometieron que no me van a dejar aquí y que van a atender mi caso”. Jacob  / Ostreicher ACUSADO

“La investigación seguirá adelante, caiga quien caiga”. Carlos Romero  / MINISTRO

El caso Ostreicher

El Ministro de Gobierno informó que la investigación comenzó a principos de agosto pasado contra la presunta red delictiva .

11 de septiembre

En 2011, el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, concede un poder notarial amplio a los abogados, F. R. y D. R., para representar a su despacho.

9 de noviembre

Es destituido del cargo de asesor legal de procesos del Ministerio de Gobierno, D.R., y se inicia una investigación contra los presuntos funcionarios extorsionadores.

26 de noviembre

Es aprehendido el funcionario del Ministerio de la Presidencia, J.A.P., en la ciudad de La Paz y trasladado a la ciudad de Santa Cruz, para prestar declaraciones.// La Prensa

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